El Instituto Pro Bono de Brasil, donde somos la gerente institucional y la coordinadora de programas, tiene como objetivo central contribuir a la materialización del derecho al acceso a la justicia. Para cumplirlo, el Instituto hace uso de las diversas estrategias que ofrece el derecho de interés público, entre otras, el litigio estratégico, la investigación-acción, la pedagogía en derechos y el trabajo jurídico pro bono. Dada su misión, no obstante, el Instituto concentra sus esfuerzos en esta última estrategia y parte de la premisa de que los abogados deberían contribuir a la satisfacción de las necesidades jurídicas de las poblaciones vulnerables de la comunidad política y a la consolidación del Estado de derecho. En consecuencia, considera que los abogados deberían proveer servicios legales gratuitos para salvaguardar los derechos de las poblaciones vulnerables y proteger el interés público.
Ahora bien, el Instituto considera que para cumplir efectivamente este objetivo debe conocer las experiencias que otras instituciones y personas han tenido en la materia. En particular, debe conocer más de cerca las instituciones académicas y organizaciones sin ánimo de lucro involucradas en el trabajo pro bono y en otras formas de ejercer la abogacía de interés público. Por ello, desde hace varios años ha dialogado con universidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales de Norte y Suramérica que tienen estos temas como su objeto de estudio y práctica. Fue en uno de los viajes organizados por el Instituto para conocer las experiencias latinoamericanas con el derecho de interés público donde conocimos al profesor Daniel Bonilla, coordinador de este libro e indiscutible pionero en el esfuerzo por articular el trabajo de los actores involucrados en la práctica jurídica pro bono y los académicos que estudian el derecho de interés público.
