En las democracias liberales los abogados tienen responsabilidades sociales que están directamente conectadas con el derecho al acceso a la justicia. El contenido básico de este derecho exige que los ciudadanos tengan la posibilidad de acudir a las instancias judiciales y administrativas del Estado para hacer efectivos sus derechos2. Este contenido básico se puede descomponer en varias aristas que se materializan de diversas formas3: desde presentar y controvertir las pruebas de un proceso, hasta solicitar un traductor cuando no se habla el idioma en el que se conduce el juicio, pasando por la posibilidad de que un abogado represente sus intereses ante las instancias judiciales y administrativas estatales4. El derecho al acceso a la justicia es fundamental en un estado liberal: tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos puedan defender jurídicamente sus intereses y lograr su inclusión plena en la comunidad política.
Por un lado, busca que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente su autonomía y, por tanto, escoger, modificar y materializar los proyectos de buen vivir que consideran apropiados5. Los derechos en una democracia liberal tienen como objetivo central proteger las diversas dimensiones mediante las cuales se concreta la autonomía individual6. El derecho al acceso a la justicia permite que los individuos acudan a un tercero imparcial para resolver los conflictos que tienen con terceras personas7. Si no se puede acceder a las instancias administrativas y judiciales creadas por el Estado para tal fin, los derechos en disputa no podrán protegerse; si el diseño, procedimiento y resultados de estas instituciones no son correctos, ágiles y oportunos, los derechos serán solo reglas o principios de papel, no reglas y principios jurídicos en acción. El acceso a la justicia, por tanto, tiene consecuencias en la esfera privada de una sociedad liberal.
